Viernes 20
Teniendo en cuenta los textos "No sólo de mercado vive la democracia: el fenómeno del incumplimiento del derecho y su relación con el desarrollo, la justicia y la democracia" de Mauricio García Villegas; el texto De Mcbarnet Doreen "Law, Policy, and Legal Avoidance: Can law Efecctively Implement Engalistarian Polices? elabore un análisis del caso DMG1 a la luz de los planteamientos centrales de García sobre el incumplimiento del derecho en las sociedades latinoamericanas.
El seguimiento del caso DMG requiere una vinculación en su análisis de lo siguiente:
Discuta las dos posturas (visión de la estrategia y visión de la rebeldía) y crítica que hace García en el análisis del Caso DMG. En este punto, analice brevemente el papel de las instituciones Jurídicas en Colombia y haga una relación con el caso a seguir.
Movilice y problematice en su análisis las diferentes visiones del derecho a partir de las tres teorías económicas que explican el incumplimiento de derecho expuestas por García. En esta parte, debata sobre lo siguiente: Invertir en una pirámide con los riegos que una persona debe asumir por tal acto (perder lo que invierte, multiplicarlo etc.) ¿nos dice algo con respecto a formas de resistencia de la sociedad a cumplir normatividades o sustenta el argumento de law and economics que hace énfasis en el actor racional? o dede la perspectiva de las instituciones la regualción legal puede efectivamente promover la justicia social y la democracia?
Plantee una hipótesis que permita transcender los argumentos de Mauricio García sobre el incumplimiento del derecho en colombia (tenga en cuenta analisis del Caso de DMG, para el analisis)que integre una reflexion sobre la relación entre diseño institucional y cultura.
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1. Firma David Murcia Guzmán. “Empresa” captadora de dinero que hacia finales de octubre y hasta el momento ha sido no sólo uno de los casos más discutidos en los medios de comunicación, sino un caso que ha movilizado miles de personas en defensa de la citada firma y una cantidad de expertos en diferentes campos (Derecho y Economía) que debaten y discuten sobre el caso. Debe de tenerse en cuenta que la legislación colombiana prohíbe participar en lavado de activos, tener vínculos con el narcotráfico y hacer inversiones que afecten el interés general de la nación por el interés particular (es necesario decir que la firma acaparó tanto dinero que estaba afectando los bancos y la democratización del mercado ya que la gente sólo compraba en los almacenes permitidos por DMG) esa situación hace de este un caso más sobre el incumplimiento de los preceptos del derecho, motivo que nos conlleva hacernos la misma pregunta de García ¿qué conlleva a que una sociedad incumpla y desacate lo que prescribe el derecho?
Personas que les corresponde el foro: Catalina García Y Claudia Galvez.
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Aporte semilla: FORO IV
ResponderEliminarIdea General: Articular los elementos de las lecturas con el fenómeno de DMG dentro de los criterios exigidos junto con construcción personal. Enmarcando el problema del incumpliendo del derecho a un prematuro reconocimiento de sus pobladores, golpeada por diversos momentos históricos y manejada por intereses personales que no permitan una elevación a la normatividad voluntaria.
DMG como empresa de “ahorradores” nació en Mocoa (putumayo) y según los planteamientos de su creador David Murcia Guzmán dicha empresa fue el resultado de un arduo trabajo personal por la venta “puerta a puerta” de ciertos productos que no eran fácilmente encontrados en esta zona del país. Este fenómeno económico, político y social parece que se puede iluminar con planteamientos de Mauricio García Villegas ya que trata el fenómeno relacionado con el incumplimiento del derecho , entonces DMG desde lo construido por periódicos y posiciones de los altos cargos del gobierno encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez hace parte de la idea de una acción de omisión a la ley desde esta empresa donde los “ahorradores” junto a David Murcia Guzmán evitaron el cumplimiento de la ley. En vinculo con la visión de la estrategia las personas que invirtieron sus ahorros en esta empresa DMG hicieron un procedimiento analítico racional en el sentido de ver que les generaba mas ganancia para si mismo, así esto implicara el incumplimiento de algunas leyes , caso que aquí aplicaría hasta cierto punto ya que no habían leyes escritas sobre esta forma de realizar vínculos económicos con la sociedad, motivo por el cual pregunto, ¿el incumpliendo a cual ley?. Entonces el problema no solo radica en el “vivo” o en los racionamientos de ganancia económica como motivo de incumpliendo a la ley, sino la ineficiencia institucional en la no existencia o no aplicación de leyes; en este momento se llama un poco los planteamientos de Georges Balandier y Doreen McBarnet en el sentido que hay un orden implantado en la sociedad por diversos elementos y rasgos históricos, pero que dicho orden elije las situaciones de los otros, en este caso las mismas personas que encarnar y emanan el poder en Colombia están implicadas en la ineficacia de las instituciones porque no como dice North Douglas que las instituciones evitan la incertidumbre sino por el contrario implantan intereses personales a costa de la vida de los otros, entonces los apoderados no podían delimitar ciertas acciones porque sus finanzas estarían en peligro (ejemplo de esto es las tarjetas de punto que se manejan en almacenes de cadena ) y además ellos manejan la ley y sus interpretaciones, es decir, estas personas entre ellas la familia Santo domingo guiaron al gobierno para declarar un estado de emergencia por la presencia de DMG y sus implicaciones en el ámbito social , aunque sin quedar claras las posiciones de dicho ámbito estaban en peligro. Cabe precisar que el énfasis ideológico complementa al actor racional debió a que la gente omitió los llamados del gobierno por sus convicciones, además en las manifestaciones siguientes y los bombardeos publicitarios frente a el fenómeno de DMG fueron exageradas las posiciones morales de ahorradores y gobernantes. La cultura donde se ve el estancamiento local del dinero genera mas que racionalizacion y estrategias de inclusión que desconocen ordenes normativos, crean configuraciones mentales e integridades personales con desconfianza entre personas, entre ellas y las instituciones creando así realidades donde la competencia y la necesidad guían los actos hacia los caminos de incumpliendo de leyes que implantadas benefician a muy pocos en la mayoría de las condiciones de existencia de las personas enmarcadas en Colombia.
Claudia,
A partir del desarrollo de la propuesta de Claudia, es importante precisar que la visión de la estrategia planteada por García como una de las perspectivas para acercarse a las causas del incumplimiento de las reglas o del derecho, explica solo una parte del fenómeno del incumplimiento. Este planteamiento que presenta el incumplimiento como tan solo una consecuencia de la falta de capacidad institucional para imponer sanciones efectivas, desestima, como lo afirma García, la complejidad del fenómeno donde no solo actúa la inoperancia institucional, sino una combinación de variables colectivas e individuales, que van desde el cálculo racional a la estructura de valores que intervienen en las decisiones que llevan al incumplimiento de las reglas. La visión de la rebeldía, presenta una mirada que bien podría ser complementaria a la visión de la estrategia, en donde se afirma que el incumplimiento es una actitud resultante de la ideología y puntualmente de la percepción de ilegitimidad de las instituciones sociales. De tal manera que si se tienen unas instituciones ejecutivamente débiles y además la percepción colectiva es que no son legitimas el camino al incumplimiento estaría aunque no estructurado por completo si abonado lo suficiente, para que casos como el de la captadora del Sr. Murcia se produzcan, prosperen y gocen de la acogida por parte de la comunidad.
ResponderEliminarPero el caso de DMG, tiene una serie de particularidades que no se explican solo por estas dos visiones: por un lado se tiene el amplio espectro de la población que participo como inversionistas, donde resulta arbitrario asumir que todos participaron en vista de la inoperancia institucional o en otras palabras ante la ausencia de riesgo por sanción, o que todos lo hicieron porque, incluso aquellos que pertenecen a instituciones del estado, las consideran ilegitimas..
Dentro de la visión de estrategia la vertiente del capital social afirma que “las actitudes y comportamientos que estimulan la confianza, las relaciones sociales y el desarrollo económico y social” que constituyen el capital social, en unos casos conduce y explica el desarrollo y en otros como se reproduce la dominación, sin embargo para el caso puntual de DMG, esta vertiente pareciera insuficiente, por la dificultad de localizar este capital, por ejemplo afirmar que todos los colombianos que invirtieron en DMG tienen un capital social perverso, es por decirlo menos pueril. Para el movimiento de derecho y economía, dentro de sus postulados el que corresponde a la teoría de la acción social, del actor racional, y que afirma según García que la economía permite predecir el comportamiento de las personas dentro de un sistema regido por el derecho, ya que los actores sociales se comportan como lo económicos de manera racional, “eligen la línea de acción que maximiza la utilidad”, donde finalmente se elige, dada la incapacidad de los organismos represivos que delitos se toleran. Esta visión explica parcialmente lo que lleva a invertir en una pirámide a pesar de la exposición al riesgo, sin embargo esta maximización de la utilidad no es la única razón que opera en la decisión de la inversión, es decir si bien resulta atractivo invertir en una empresa que ofrece rendimientos extravagantes, esto se viabiliza de dos maneras que tienen que ver con la resistencia de la sociedad a cumplir normas; una tiene que ver con que aunque se presuma ilegalidad en las actividades de la pirámide, esa ilegalidad es de la pirámide no del inversionista, por tanto el castigo si lo hay será para la pirámide y no para el inversionista, la otra tiene que ver con que para el caso de DMG, la intervención estatal se tardo mucho tiempo frente a la evidencia de la captación ilegal (que se presenta cuando alguien percibe los recursos de más de 20 personas o contrae más de 50 deudas y además los recursos percibidos sobrepasan el 50% del patrimonio del captador) señal difusa de la no contravención a la norma; en otras palabras frente a una rápida actuación de las autoridades, la capacidad institucional de sancionar efectivamente seria menos cuestionable.
Dado el avance del proceso contra DMG, lo que se hace necesario observar es lo que ha ocurrido con los ahorradores (cerca de 200.000), y los mecanismos institucionales que hicieron posible la captura y judicialización de los miembros de la captadora. Es en esto más que en la emergencia de las pirámides donde es posible observar algunos de los rasgos propios de las visiones expuestas por García acerca del incumplimiento de las reglas. El gobierno declaro el estado de emergencia social, un estado de excepción, que de alguna manera convierte al Estado en el “vivo”: emplea una estrategia institucional “para lograr que el derecho permanezca y cumpla ciertos propósitos de legitimación política sin que la realidad social y los intereses que prevalecen se adapten a dichos contenidos”; los ahorradores ven en esta medida la verdadera amenaza a sus intereses, pero es lo que le permite al gobierno emitir decretos con fuerza de ley sin pasar por el congreso, con el legitimo interés de encarar el colapso de DMG y las demás captadoras ilegales, y dar cumplimiento a la obligación constitucional del estado de salvaguardar los bienes de los ciudadanos. El caso DMG debería ser entendido entonces no solo como resultado de una decisión racional (visión estratégica), ni solo como un fenómeno determinado por la cultura, los valores o la ideología (visión de la rebeldía), sino como un fenómeno donde hay una interacción circular entre los individuos, entre los individuos y las instituciones y entre esto y el cuerpo colectivo, donde opera una decisión racional y una construcción histórica y cultural.
Astrid
Aporte Semilla.
ResponderEliminarPor Catalina García.
De manera informativa, DMG es una empresa fundada en el departamento del Putumayo (sur de Colombia) hace aproximadamente cinco años. Desde el mes de octubre fue intervenida por el gobierno debido al ejercicio de prácticas ilegales de captación masiva de dinero. Sus representantes, entre ellos el que aparece como dueño y creador de la compañía David Muria Guzmán, están siendo enjuiciados por delitos como lavado de activos, vínculos con narcotráfico y captación masiva de dinero. Según las leyes les esperan condenas de más de 8 años. Los inversores de la compañía causaron un revuelo social sin precedentes: furiosos y desesperados ante la decisión del gobierno decidieron tomarse las calles realizando protestas masivas, asaltando las sedes donde estaban ubicadas las oficinas en las que habían consignado su dinero y los almacenes en los que, a manera de crédito, tenían acceso sin ningún trámite engorroso a cualquier cantidad de artículos de uso doméstico. Dentro de lo que le exigían al gobierno resultaba particular que no sólo pidieran una aclaración sobre la suerte de sus inversiones. Ante todo pedían que no se culpara a David Murcia de un delito que, según ellos, no había cometido. No pedían que les devolvieran el dinero sólo que los dejaran continuar adelante con el funcionamiento de la empresa. Enunciándose como miembros de “la familia más unida de Colombia” los “socios” de la compañía han respaldado firmemente a su máximo representante durante el trascurso del proceso que se desarrolla en su contra. ¿Qué hay detrás de este personaje para que el gobierne lo tilde de delincuente mientras que miles de personas en el país lo ven como su salvador? ¿Cómo abordar la discusión que esta paradoja puede implicar con relación al incumplimiento al derecho en nuestro contexto?.
Siguiendo los planteamientos de Mauricio García, este caso expuesto a la luz de la “visión estratégica” del cumplimiento al derecho debe leerse a partir de la aplicación del concepto de la “acción racional” de los sujetos, la cual no implica que la elección de los actores sea siempre de acuerdo “a la mejor elección posible, la más racional, sino que su decisión se basa en un cálculo estratégico en el cual su elección es comparar y elegir lo que más le convenga”. De esta manera, muchos inversores reconocen haber depositado su dinero en DMG a pesar de saber que “podía caerse en cualquier momento”: el rendimiento que les aseguraban y al que muchos lograron acceder con éxito era mayor al 50%, cifra que nunca lograrían obtener por medio de la inversión o los préstamos bancarios a los que difícilmente tenían acceso. Desde esta perspectiva, el incumplimiento al derecho se dio porque la inversión ilegal producía beneficios más deseables comparados con lo que implicaba arriesgarse y transgredir la norma, o confiar en las instituciones oficiales. Además, al ser este un movimiento masivo, dificultaba la labor de ser descubierto y condenado el actor de manera individual. La acción individual estaba respaldada por un ‘movimiento social’ que se llama a sí mismo “la gran familia DMG” y que a su vez a reaccionado duramente frente al gobierno. Esto implica, por un lado, que las instituciones oficiales y el gobierno no están respondiendo de manera adecuada a la necesidad de causar un reconocimiento legítimo de sí mismas y un sentido de respeto a la norma a través de sí mismas, y por el otro, que las personas, al sentirse desprotegidas estarían actuando (i)racionalmente (estratégicamente) frente a la necesidad de cumplir o no la ley. Sin embargo, ¿cómo podría esta ‘racionalidad’ explicar que muchos seguidores de DMG lloraran desesperados, pidiendo compasión para Murcia, defendiendo su inocencia casi a manera de un fan que rindo culto a su Dios? ¿de qué manera las instituciones oficiales deberían reaccionar frente a los suicidios y desbordes de locura que comenzaron a surgir con el desarrollo del caso DMG, siendo que su principal labor es asegurar el bienestar de la población?
Desde el punto de vista de la “visión de la rebeldía”, que no es tratada a fondo en el texto, el análisis del caso implica reconocer algo muy importante: el incumplimiento al derecho no se explica sólo como una causa-consecuencia del subdesarrollo económico de una sociedad. También entran en juego factores culturales, subjetivos y simbólicos constituidos a su vez por múltiples factores de carácter histórico, religioso, político y psicológico que deben ser tenidos en cuenta por fuera de una lectura económica del derecho, no dentro de un esquema de jerarquía en el que el desarrollo económico es el fin, sino como horizontes de posibilidad que señalan un orden social complejo determinado por relaciones de dominación. Desde esta postura, García señala retomando a Bourdieu que la ilegitimidad de las instituciones se debe a factores culturales que tienden a reproducir un orden social desigual a lo largo del desarrollo histórico de la sociedad en cuestión y que desalientan a las personas a confiar en la capacidad y efectividad de la acción de las instituciones oficiales. El no reconocimiento de los actores a la importancia de las instituciones legales debilita la capacidad de incidencia de éstas dentro del orden social. García se remite al impacto de la colonización en América Latina donde la implementación de modelos exportados de España implicó la imposición del valor por el reconocimiento y el estatus social como clave del éxito y del surgimiento individual con razón a que las instituciones oficiales sólo protegían los intereses del sector privilegiado. En este sentido, los inversores de DMG, en su mayoría personas provenientes de las clases menos favorecidas, reproduciendo una especie de memoria cultural decidieron depositar su confianza (y su dinero) y su energía en una compañía que fácilmente podía ser vista por ellos como una manera de resistir a la imposición del orden oficial, para ellos ilegítimo, disfuncional y excluyente. Por otro lado, su actuar orientado en gran parte por la posibilidad de hacer mucho dinero en poco tiempo, estaba impulsado además por la posibilidad de soñar. Habría que indagar en los imaginarios sociales qué son los sueños, qué los conforma y de qué depende que una persona pueda o no soñar con viajar a conocer el mar, con poder asistir a clases de baile, o con asegurar un futuro promisorio para los hijos a través de la salud y la educación. Valdría la pena indagar a fondo sobre el discurso que DMG utilizó para atrapar a sus inversores, creando en ellos un sentimiento de unión y de identificación -casi en el sentido de una fraternidad- tan fuerte como podría serlo el nacionalismo o la religiosidad. A simple vista es posible reconocer en Murcia lo que cada colombiano pretende ser: una persona verraca, echada pa´lante, que rebusca los medios para surgir, pero que además no le tiembla la voz para encarar al gobierno. Sin embargo, esta cultura del rebusque, dotada de viveza y de ‘malicia indígena’ no puede limitarse a ser explicada a partir de la noción del “actor racional”, desde un punto de vista económico, habría que cuestionar los otros tipos de ganancia que implicaba para los inversores tener plata, cuestiones relacionadas con ‘reconocimiento social’ y con ‘respeto’, condiciones de orden moral y ético que también deben estar aseguradas por las instituciones legales si su función es cuidar la salud social. No basta entonces que las instituciones cumplan con sus funciones y tengan la capacidad de crear normas. Tampoco es suficiente con que algunos actores tengan la posibilidad de acceder a los beneficios de las instituciones oficiales y por ello reconozcan su importancia. En nuestra sociedad no es posible diferenciar en qué momento se está impartiendo de manera equitativa los beneficios del derecho dentro del conjunto de los ciudadanos; no solamente tenemos instituciones ineficaces y mal equipadas para atender las necesidades urgentes de la población civil, sino que el capital (de cualquier tipo) está distribuido de manera desigual entre los ciudadanos. Y si no fuera así, ¿como es posible explicar que más del 90 % de la población del departamento del Putumayo hubiera invertido su dinero en las pirámides?
Por último, si bien Mauricio García plantea con atino que la decisión de cumplir o no con lo prescrito por la norma es el resultado de una interacción ‘constitutiva’ entre el individuo y las instituciones, es decir que depende del comportamiento de cada uno con relación al otro, considero que su perspectiva sigue muy ceñida a una visión materialista del cambio social, en la que preponderan las explicaciones de orden económico frente a preguntas sobre la cultura y las producciones culturales, los imaginarios y las prácticas sociales. Su propuesta no deja de presentar al sujeto como un “fenómeno de la estructura”, restringiendo sus posibilidades de ser interlocutor.