Foro IV

Por Catalina García.

De manera informativa, DMG es una empresa fundada en el departamento del Putumayo (sur de Colombia) hace aproximadamente cinco años. Desde el mes de octubre fue intervenida por el gobierno debido al ejercicio de prácticas ilegales de captación masiva de dinero. Sus representantes, entre ellos el que aparece como dueño y creador de la compañía David Muria Guzmán, están siendo enjuiciados por delitos como lavado de activos, vínculos con narcotráfico y captación masiva de dinero. Según las leyes les esperan condenas de más de 8 años. Los inversores de la compañía causaron un revuelo social sin precedentes: furiosos y desesperados ante la decisión del gobierno decidieron tomarse las calles realizando protestas masivas, asaltando las sedes donde estaban ubicadas las oficinas en las que habían consignado su dinero y los almacenes en los que, a manera de crédito, tenían acceso sin ningún trámite engorroso a cualquier cantidad de artículos de uso doméstico. Dentro de lo que le exigían al gobierno resultaba particular que no sólo pidieran una aclaración sobre la suerte de sus inversiones. Ante todo pedían que no se culpara a David Murcia de un delito que, según ellos, no había cometido. No pedían que les devolvieran el dinero sólo que los dejaran continuar adelante con el funcionamiento de la empresa. Enunciándose como miembros de “la familia más unida de Colombia” los “socios” de la compañía han respaldado firmemente a su máximo representante durante el trascurso del proceso que se desarrolla en su contra. ¿Qué hay detrás de este personaje para que el gobierne lo tilde de delincuente mientras que miles de personas en el país lo ven como su salvador? ¿Cómo abordar la discusión que esta paradoja puede implicar con relación al incumplimiento al derecho en nuestro contexto?.
Siguiendo los planteamientos de Mauricio García, este caso expuesto a la luz de la “visión estratégica” del cumplimiento al derecho debe leerse a partir de la aplicación del concepto de la “acción racional” de los sujetos, la cual no implica que la elección de los actores sea siempre de acuerdo “a la mejor elección posible, la más racional, sino que su decisión se basa en un cálculo estratégico en el cual su elección es comparar y elegir lo que más le convenga”. De esta manera, muchos inversores reconocen haber depositado su dinero en DMG a pesar de saber que “podía caerse en cualquier momento”: el rendimiento que les aseguraban y al que muchos lograron acceder con éxito era mayor al 50%, cifra que nunca lograrían obtener por medio de la inversión o los préstamos bancarios a los que difícilmente tenían acceso. Desde esta perspectiva, el incumplimiento al derecho se dio porque la inversión ilegal producía beneficios más deseables comparados con lo que implicaba arriesgarse y transgredir la norma, o confiar en las instituciones oficiales. Además, al ser este un movimiento masivo, dificultaba la labor de ser descubierto y condenado el actor de manera individual. La acción individual estaba respaldada por un ‘movimiento social’ que se llama a sí mismo “la gran familia DMG” y que a su vez a reaccionado duramente frente al gobierno. Esto implica, por un lado, que las instituciones oficiales y el gobierno no están respondiendo de manera adecuada a la necesidad de causar un reconocimiento legítimo de sí mismas y un sentido de respeto a la norma a través de sí mismas, y por el otro, que las personas, al sentirse desprotegidas estarían actuando (i)racionalmente (estratégicamente) frente a la necesidad de cumplir o no la ley. Sin embargo, ¿cómo podría esta ‘racionalidad’ explicar que muchos seguidores de DMG lloraran desesperados, pidiendo compasión para Murcia, defendiendo su inocencia casi a manera de un fan que rindo culto a su Dios? ¿de qué manera las instituciones oficiales deberían reaccionar frente a los suicidios y desbordes de locura que comenzaron a surgir con el desarrollo del caso DMG, siendo que su principal labor es asegurar el bienestar de la población?
Desde el punto de vista de la “visión de la rebeldía”, que no es tratada a fondo en el texto, el análisis del caso implica reconocer algo muy importante: el incumplimiento al derecho no se explica sólo como una causa-consecuencia del subdesarrollo económico de una sociedad. También entran en juego factores culturales, subjetivos y simbólicos constituidos a su vez por múltiples factores de carácter histórico, religioso, político y psicológico que deben ser tenidos en cuenta por fuera de una lectura económica del derecho, no dentro de un esquema de jerarquía en el que el desarrollo económico es el fin, sino como horizontes de posibilidad que señalan un orden social complejo determinado por relaciones de dominación. Desde esta postura, García señala retomando a Bourdieu que la ilegitimidad de las instituciones se debe a factores culturales que tienden a reproducir un orden social desigual a lo largo del desarrollo histórico de la sociedad en cuestión y que desalientan a las personas a confiar en la capacidad y efectividad de la acción de las instituciones oficiales. El no reconocimiento de los actores a la importancia de las instituciones legales debilita la capacidad de incidencia de éstas dentro del orden social. García se remite al impacto de la colonización en América Latina donde la implementación de modelos exportados de España implicó la imposición del valor por el reconocimiento y el estatus social como clave del éxito y del surgimiento individual con razón a que las instituciones oficiales sólo protegían los intereses del sector privilegiado. En este sentido, los inversores de DMG, en su mayoría personas provenientes de las clases menos favorecidas, reproduciendo una especie de memoria cultural decidieron depositar su confianza (y su dinero) y su energía en una compañía que fácilmente podía ser vista por ellos como una manera de resistir a la imposición del orden oficial, para ellos ilegítimo, disfuncional y excluyente. Por otro lado, su actuar orientado en gran parte por la posibilidad de hacer mucho dinero en poco tiempo, estaba impulsado además por la posibilidad de soñar. Habría que indagar en los imaginarios sociales qué son los sueños, qué los conforma y de qué depende que una persona pueda o no soñar con viajar a conocer el mar, con poder asistir a clases de baile, o con asegurar un futuro promisorio para los hijos a través de la salud y la educación. Valdría la pena indagar a fondo sobre el discurso que DMG utilizó para atrapar a sus inversores, creando en ellos un sentimiento de unión y de identificación -casi en el sentido de una fraternidad- tan fuerte como podría serlo el nacionalismo o la religiosidad. A simple vista es posible reconocer en Murcia lo que cada colombiano pretende ser: una persona verraca, echada pa´lante, que rebusca los medios para surgir, pero que además no le tiembla la voz para encarar al gobierno. Sin embargo, esta cultura del rebusque, dotada de viveza y de ‘malicia indígena’ no puede limitarse a ser explicada a partir de la noción del “actor racional”, desde un punto de vista económico, habría que cuestionar los otros tipos de ganancia que implicaba para los inversores tener plata, cuestiones relacionadas con ‘reconocimiento social’ y con ‘respeto’, condiciones de orden moral y ético que también deben estar aseguradas por las instituciones legales si su función es cuidar la salud social. No basta entonces que las instituciones cumplan con sus funciones y tengan la capacidad de crear normas. Tampoco es suficiente con que algunos actores tengan la posibilidad de acceder a los beneficios de las instituciones oficiales y por ello reconozcan su importancia. En nuestra sociedad no es posible diferenciar en qué momento se está impartiendo de manera equitativa los beneficios del derecho dentro del conjunto de los ciudadanos; no solamente tenemos instituciones ineficaces y mal equipadas para atender las necesidades urgentes de la población civil, sino que el capital (de cualquier tipo) está distribuido de manera desigual entre los ciudadanos. Y si no fuera así, ¿como es posible explicar que más del 90 % de la población del departamento del Putumayo hubiera invertido su dinero en las pirámides?
Por último, si bien Mauricio García plantea con atino que la decisión de cumplir o no con lo prescrito por la norma es el resultado de una interacción ‘constitutiva’ entre el individuo y las instituciones, es decir que depende del comportamiento de cada uno con relación al otro, considero que su perspectiva sigue muy ceñida a una visión materialista del cambio social, en la que preponderan las explicaciones de orden económico frente a preguntas sobre la cultura y las producciones culturales, los imaginarios y las prácticas sociales. Su propuesta no deja de presentar al sujeto como un “fenómeno de la estructura”, restringiendo sus posibilidades de ser interlocutor.